[El presente documento de análisis es un resumen de las tres jornadas de la Escuela Política Estudiantil realizada por la Nueva Chispa durante 2025]

1. La educación superior chilena

El sistema capitalista se reproduce a través de la búsqueda inagotable de un excedente de plusvalor que inicialmente se logra alargando la jornada.

El capital supera el límite fisiológico de la acumulación por intensificación y alargamiento de la jornada con el desarrollo científico-tecnológico de la producción, reduciendo la parte de la jornada destinada a la producción del salario y que la plusvalía aumente de manera relativa.

Este desarrollo impone una carrera tecnológica, siendo la división del trabajo basada en la Gran Industria su epítome, que implica la cristalización o objetivación de la ciencia aplicada al trabajo. Esta se profundiza con la revolución microelectrónica de los 80.

La aparición incipiente del sistema de maquinaria desde el último cuarto del siglo XIX requiere la formación de una fuerza de trabajo capaz de interactuar con ella (lectoescritura y ed. básica). Este camino avanza a pasos agigantados con la producción robotizada de los 80 que diferencia a nivel mundial a la clase trabajadora. Proceso que requerirá por un lado a un segmento cada vez más especializado en ciencia básica, desarrollo tecnológico y gestión humana (aumento de la ed. superior en Europa y algunos países) y otra que degrada sus capacidades simplificando las tareas, permitiendo su abaratamiento (Este Asiático, países de América del Sur y trabajo infantil).

Fuente: Exposición de Gabriel Rivas en la Segunda Jornada de la Escuela Nueva Chispa.

El Estado en esta carrera, financia la investigación científica que excede la rentabilidad inmediata de los capitales individuales, para potenciar la competitividad nacional en la arena global. De la misma forma que son financiados los puertos, autopistas, etc. para la producción capitalista.

Todas estas transformaciones en la División Internacional del Trabajo desde mediados de los 70, tomaron una forma concreta en Chile con la dictadura de Pinochet.

Se levantaron “contrarreformas” a las reformas de Allende que liquidaron al capital industrial doméstico, consolidaron el protagonismo del capital comercial, financiero y de servicios no transables (salud, educación, pensiones, vivienda, agua, electricidad, etc.) y reprimarizaron la economía, abriendo áreas de explotación antes no ocupadas (silvicultura, salmones, fruticultura y profundizando de la explotación minera).

En particular, la “contrarreforma” educativa de la dictadura desde 1981 estancó el Financiamiento Directo del Estado hacia las universidades estatales. Un ejemplo demoledor, es el peso del Aporte Fiscal Directo a la Universidad de Chile:

Fuente: Exposición de Gonzalo Durán en la Primera Jornada de la Escuela Nueva Chispa.

Esta situación propició un régimen de autofinanciamiento, de arancelamiento,  transfiriendo el costo de la “producción” de las nuevas generaciones de trabajadores profesionales egresados al endeudamiento de las familias y a finales de los 80 y con la Concertación, un régimen de subsidio a la demanda (Fondo Solidario de Crédito Universitario y Crédito con Aval del Estado), produciendo que el Estado cargue con deudas morosas impagables que han costado más de 7 billones al Estado y creando una suerte de “subsidio indirecto” a los grandes bancos.

Personas morosas endeudadas con el CAE

Fuente: Exposición de Gonzalo Durán en la Primera Jornada de la Escuela Nueva Chispa.

Paralelamente, la investigación y desarrollo de la tecnología chilena pasó de una tradición de planificación estratégica con Frei Montalva con financiamiento directo, basal y estable a una sustentada en la concursabilidad y en la competencia de “fomento” por proyectos temporales, subordinado el desarrollo del país a criterios de rentabilidad inmediata y desconectándola de las necesidades nacionales más de largo plazo.

A nivel de organización interna de las universidades, la dictadura reformó al estamento académico para designar directamente cargos directivos fáciles de controlar para su régimen, sembrando una concentración del poder de decisión de asuntos que le competen a toda la comunidad universitaria. Se produjo un giro en el papel de las autoridades superiores, ahora vuelto un símil del gerente de una empresa privada con una autonomía económica que permite profitar de sueldos de más de 10 millones mientras otra porción no goza de contrato.

El actual sistema de educación superior ya no es sostenible y lleva más de una década produciendo una inmensa masa de trabajadores profesionales que las plazas laborales del empresariado chileno no tiene cómo absorber, pues el capitalismo chileno es de baja productividad y su lugar en la División Internacional del Trabajo está fundamentalmente especializada en la producción de materias primas para exportar al extranjero y sólo requiere a un 20% de todos los trabajadores de Chile como profesionales, relegando a una situación de “sobrante” al resto que estudió y sigue estudiando.

Esta “sobreproducción” no es un desajuste, sino que resulta funcional al capital chileno para poder abaratar los salarios, aumentar la competencia, empeorar las condiciones de trabajo y por lo tanto, aumentar la tasa de explotación de los trabajadores calificados, subempleados en áreas para las que no estudiaron, como recursos humanos, servicios, telecomunicaciones y otros. 

Fuente: Exposición de Gabriel Rivas en la Segunda Jornada de la Escuela Nueva Chispa.

En el ámbito de Investigación y Desarrollo, el giro fomentista en el Financiamiento estatal a la investigación reemplazó toda planificación estratégica por un sistema de proyectos concursables temporales y sin financiamiento basal garantizado. Esto conduce a una baja inversión nacional en I+D (apenas el 0.38% del PIB), y con una ausencia crónica del sector productivo privado en la innovación, lo que imposibilita la idea de que eventualmente el empresariado por sí sólo pueda hacer crecer los puestos de trabajo profesional.

Fuente: Exposición de Gonzalo Durán en la Primera Jornada de la Escuela Nueva Chispa.

Este desfinanciamiento de la educación superior, produce una crisis de financiamiento universitario estructural, donde la falta de financiamiento basal garantizado y la dependencia de proyectos temporales y concursables obliga a las instituciones a realizar constantes ajustes presupuestarios, despidos y externalización de funciones esenciales para reducir los costos. Como correlato, se produce una concentración de las matrículas en las universidades más grandes, produciendo que las que quedan atrás en la competencia, quiebren y los estudiantes que se formaron ahí, pierdan expectativas laborales y en general, sean la mayor expresión de derroche de recursos posible. Además es notoria la reducción de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, lo que concentra aún más a las nuevas generaciones de estudiantes en las universidades y agrava la sobreoferta profesional.

Tipo de Institución	Instituciones (2010)	% Instituciones	Matrícula (2010)	% Matricula	Instituciones (2025)	% Instituciones2	Matrícula (2025)	% Matricula
Universidad	60	37%	632,675	59%	58	44%	778,021	52%
Instituto Profesional (IP)	41	25%	312,852	29%	31	23%	511,356	34%
Centro de Formación Técnica (CFT)	62	38%	118,398	11%	43	33%	213,364	14%
TOTAL	163		1063,925		132		1502,741
Variación					81%		29%

Fuente: Exposición de Gabriel Rivas en la Segunda Jornada de la Escuela Nueva Chispa.

2. La situación del Movimiento Estudiantil

Las transformaciones mundiales de fragmentación de la clase trabajadora se ven en Chile con una clase trabajadora local heterogénea, diferenciada por cualificación y salario, poniéndo esto de manifiesto en un aumento de profesionales y de trabajadores de servicios desde los años 90. 

Esta situación produce que su lucha de clases no se dé directamente contra el capital, sino que sean contra las empresas o instituciones que median el acceso a los servicios básicos privatizados, como la educación, la salud, el agua, entre otros. En este contexto nacen nuevos movimientos sociales.

Estos movimientos sociales no son sujetos políticos autónomos a la clase trabajadora, sino que adoptan la forma fragmentada que la lucha de clases tiene bajo las condiciones de descentralización productiva y privatización de la reproducción de la clase trabajadora.

Esta fragmentación impide que la conciencia política alcance la comprensión de su condición de clase. Así, la lucha se enfoca en la crítica de los «excesos del neoliberalismo» o en la abstracta «desigualdad» social, sin atacar las raíces estructurales de la acumulación de capital basada en la producción y exportación de materias primas y el modo nacional de imponer un cambio que es, en esencia, mundial. 

El Movimiento Estudiantil debe reconocerse en última instancia como un segmento de la clase trabajadora, en tanto es un “momento” de la producción de nuevas generaciones de trabajadores calificados, somos entonces, parte de una clase trabajadora cuya fuerza está dispersa por las condiciones materiales. 

Cuando la clase trabajadora no puede luchar por una mejora en sus condiciones de vida enfrentado al capital privado, lo hace enfrentado al garante de la reproducción general de la clase trabajadora, el Estado, que a través de sus servicios públicos produce una suerte de “salario social”.

Si bien se venían ensayando formas de movimientismo estudiantil desde finales de los 90 contra las privatizaciones y el arancelamiento de la educación superior, este sólo empieza a desplegar su potencia una vez cambian las bases materiales. 

La aparición del esquema del CAE institucionalizó el endeudamiento masivo como condición de acceso, trasladando el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo calificada a las familias obreras, a la vez que generó un gigantesco subsidio indirecto a la banca privada, que acumuló enormes ganancias.

Esto permitió centralizar una parte del salario social indirectamente, al conformar a un ente que amplia la demanda educacional y centraliza la prestación a través de una deuda con la banca gestionada por el Estado. Esta es la base de la unidad del movimiento estudiantil que permitirá que centralice una forma de acción política contra el Estado y el endeudamiento en el 2006 y el 2011. 

Los ciclos de alta movilización (2011, 2015) desarrollaron el movimiento, una forma de acción política que fue capaz de rebasar la administración institucional del malestar social propia de la Concertación. No obstante, este movimientismo es la forma correspondiente de acción para una clase social estructuralmente fragmentada, lo que se convierte en su límite político, pues no logra trascender a una conciencia de clase unificada. 

Sin embargo el desarrollo de sus conquistas transformó nuevamente las bases materiales del salario social sobre las cuales se sentaba la unidad del movimiento estudiantil. La explosiva masividad de la gratuidad en la educación minó la fuente que centralizaba la acción política contra el endeudamiento y por el otro lado, introdujo una nueva medida de disciplinamiento social: la gratuidad cubre solo la duración formal de la carrera y no se cubren años adicionales por repitencia, salvo una única suspensión o cambio de carrera permitido. Esto cambia entre muchas transformaciones, por ejemplo, el hecho de que ya no sea común “echarse un año” (por lo que está en juego), a diferencia de la generación anterior, donde los estudiantes organizados podrían pasar hasta 7 años en la carrera.

Las expresiones políticas que participaron del 2011 mantendrían un pie en la institucionalidad (ya sea el gobierno y/o parlamento) y otro al interior de la conducción de las federaciones universitarias, cada día más replegadas y desgastadas luego de un proceso de movilizaciones fácilmente administrado por la Nueva Mayoría y con una victoria amarga (el beneficio de Gratuidad), que seguiría reproduciendo las lógicas “mercantiles” cuestionadas por el propio movimiento. 

En el 2018, bajo el gobierno de Piñera y la coalición de derecha tradicional, se activaría nuevamente el Movimiento Estudiantil con las tomas feministas en varias universidades emblemáticas del país, con petitorios que guardaban por punto común, el generar mecanismos procesales tanto en las instituciones universitarias como en el Estado, para mitigar y superar la violencia machista en el espacio estudiantil. El contenido profundo sobre el origen de este movimiento, guarda relación con las tendencias políticas hegemónicas en los campus universitarios de aquel tiempo (y, dicho sea de paso, en la actualidad), las que partían desde la fragmentación productiva de la clase trabajadora a desplegar expresiones igual de fragmentarias en lo político, cercenando a la clase como sujeto y haciendo aparecer como “nuevo sujeto” de las opresiones y, en consecuencia, portador de la capacidad de superarlas, a los movimientos sociales y sus opresiones particularizadas una por una. Por eso, el movimiento de las tomas feministas tuvo una potencia limitada por estar originada en una forma fragmentaria de la conciencia de la clase trabajadora, que se desconocía a sí misma como sujeto. Aquí, la unidad con “otras luchas” de los denominados subalternos y oprimidos, se concretaría mediante un ejercicio de interseccionalidad, es decir, la unión entre puntos comunes de las diversas opresiones que daría origen a alianzas entre los subalternos. 

De este diagnóstico se concluye que existe un desgaste generalizado de la fuerza movilizadora de los estudiantes, primero por un ejercicio de administración del conflicto social, puesto en marcha desde las organizaciones estudiantiles que ascendieron a cúpula política en el parlamento y los gobiernos y, segundo, por la segmentación política producida por unas tendencias hegemónicas (autonomismos varios), que dirigieron al Movimiento Estudiantil  a reducir su amplitud y solo sentirse convocado a movilizarse por demandas sindicales (aumento de la BAES, petitorios internos asociados a infraestructura), frente a la impotencia de su programa histórico en manos de conducciones que sobreexplotaron el ánimo de los estudiantes para ascender rápidamente a la institucionalidad (el caso de las Juventudes Comunistas desde Vallejo y Ballesteros es ilustrativo, el de Schneider y Daniela Serrano son quizás los más notorios en la actualidad). Pero el desgaste no puede ser explicado sin entender un repliegue generalizado de las tesis de izquierda que fracasaron en el Plebiscito de 2022, al ver hundida su capacidad de articular a una mayoría social en torno a las demandas de los “diversos subalternos” y de transformar desde un marco político-jurídico consensuado con los partidos de la burguesía, la realidad social y económica de la clase trabajadora chilena. 

La superación del actual reflujo y del límite histórico del movimientismo exige un salto cualitativo hacia una acción política centralizada y con independencia de clase. La tarea principal es elevar la conciencia política, transformando la crítica «antineoliberal» en una genuina conciencia de clase, lo cual es un paso necesario para superar la fragmentación. 

Deben articularse las reivindicaciones particulares del Movimiento Estudiantil con las determinaciones generales de la acumulación de capital en Chile. Es fundamental reconstruir la capacidad de deliberación colectiva de las bases, promoviendo la restauración de asambleas independientes y estructuras paralelas de decisión.

Esta rearticulación debe aspirar a construir una direccionalidad consciente y centralizada del movimiento estudiantil, superando la dispersión y la naturalización de la fragmentación que obstaculiza la construcción de un proyecto unificado de ed. superior.

3. El periodo político general y la situación política en la que nos encontramos

Desde la crisis asiática del 2007 el crecimiento del cobre se estanca en su crecimiento, durante los 2010 tiene juegos en su valorización pero que no se comparan a los crecimientos de 300-500% vistos en los 90 y 2000. 

Este fin de la “etapa fácil” de un capitalismo basado en la explotación minera y silvoagropecuaria, produce una contracción de la renta minera en Chile que es apropiada por el Estado, y que abre paso en sus formas políticas a una “crisis del modelo”, a los movimientos sociales y le marca sus días al duopolio concertacionista-derechista y a la “democracia de los consensos”.

Esto le marca a la burguesía la necesidad de “modernizar el régimen político” y “modernizar el Estado” en sus ansias de volver a la etapa fácil y salir de su agotamiento de esta forma de acumulación de capital. Por su reverso, esto le exige a la clase trabajadora avanzar en miras a la necesidad imperativa de luchar por sus reivindicaciones.

La Revuelta Popular realiza la máxima de los movimientismos, unificando los fragmentos aislados en un programa fragmentado unificado, que no convence como salida para la clase trabajadora en tanto es producto del movimientismo que va contra las formas jurídicas y no de un programa que atente contra las raíces económicas de esta forma nacional de acumulación de capital.

El dilema central de la burguesía chilena (la modernización del patrón de acumulación y la reforma del régimen político) continuará siendo el eje de la política nacional, ya que la crisis interburguesa no se suturará en el corto plazo. 

El período inaugurado por la Revuelta de 2019 aún no ha encontrado un «cierre por arriba», sólo ha encontrado el repliegue y el ahogo de sus intenciones por parte del oficialismo en ansias de dar “credenciales” de gobernabilidad y de hacer avanzar las reformas desde arriba y no anclados en la movilización popular. 

El escenario de 2026 se debatirá entre ser el final del periodo político de crisis (para transformarse en un periodo de estabilidad) o el inicio de la consolidación de un largo periodo de crisis permanente en que el agotamiento del régimen político no dé pie a su reemplazo, asemejándose a la política nacional de Perú, en la que la crisis política es un correlato de la estabilidad de los pilares del capital.

Las movilizaciones de masas que puedan brotar en el mediano y largo plazo (periodo 2026 en adelante) enfrentarán un Estado con atribuciones represivas significativamente mayores. Las leyes aprobadas bajo el gobierno de Boric (como la Ley de Infraestructura Crítica, Ley Naín-Retamal y la Ley Anti-tomas) han reforzado el aparato represivo de cara a eventuales movilizaciones populares, lo que implica mayores dificultades para articular la protesta y mayores costos humanos en su desarrollo.

Para la izquierda fuera del bloque PC-FA-Ex-Concertación, el principal fenómeno problemático en este período de transición hacia 2026 es el repliegue de la acción política de la clase trabajadora y la derrota del proyecto político de los movimientos sociales (como el estudiantil), lo cual se considera un repliegue de contenido histórico y no solo coyuntural, es una derrota estratégica para la izquierda que ya conocíamos, lo que sucedió fue una derrota de proyecto y por lo tanto, nos encontramos en un momento político defensivo, que exige aunar las fuerzas para no retroceder en las conquistas de la clase trabajadora.

Cualquier salida para la clase trabajadora no brotará de un nuevo pimponeo, de un nuevo estallido social con las mismas características, o de un nuevo movimientismo. Esta sólo podrá brotar de una nueva forma de acción política marcada por la centralidad política de la acción de la clase trabajadora cristalizada en un programa, o la derrota, la extensión del repliegue y la mera política de defensa.

Kast, representante de la nueva derecha, representa el ajuste directo contra la clase trabajadora y el viraje autoritario desplegado directamente. Para los estudiantes, su propuesta implica un retroceso en las condiciones materiales y de lucha.

Si bien el programa de Kast es abstracto, menciona dentro de su punto 1.f. la “evaluación real a los Programas de Estado y dar fin a los que no funcionan”, en su diagnóstico el poner fin a “las becas que no se devuelven (…) y cientos de beneficiarios que no cumplen con el contrato” y más directamente cuando critica las “propuestas de gratuidad universitaria sin exigencias mínimas de desempeño”.

De esto se puede concluir que el recorte tendrá como uno de sus objetivos, ya se vio un recorte a la gratuidad a mayores de 30 años y también las amenazas de cobro del CAE. En general, se avanzará en el restringir las magnitudes de subvención a la demanda, repercutiendo en el acceso y sin ofrecer una salida al actual sistema de subvención indirecta a la banca, lo que podría devolvernos a 1) Una relevancia del endeudamiento estudiantil como primera vía de entrada a la universidad y una reaparición de las bases materiales sobre las que se había cimentado el viejo movimiento estudiantil desde 2027 en adelante. 2) Una nueva cadena de disciplinamiento para los estudiantes con gratuidad, si bien los 5 años ya fueron suficientes como para disminuir el tiempo disponible para la participación política, las “exigencias mínimas de desempeño” podrían tomar la forma de un nuevo ajuste a la gratuidad y agudizar la capacidad de organicidad del Movimiento Estudiantil y la competencia al interior del estudiantado.

Por otro lado, Kast se plantea una política de limitación y restricción frontal a la lucha estudiantil, docente y funcionaria. En su diagnóstico menciona a los “Paros sin castigo” para los “funcionarios públicos que dejan sin atención a miles” y en su Plan Reinicia, el “Fin a la impunidad en huelgas ilegales”. 

Esto es un retroceso para la lucha docente y funcionaria, que por su revés, entrega luces de que la salida tomará un carácter más de tres estamentos en 2026 y para el caso de las universidades en contracción periféricas (UPLA, UAHC, etc.) inclusive la movilización con sus Autoridades Superiores.

Nos encontramos con un Movimiento Estudiantil sin programa ni capacidad de centralizar su acción, unificado por la lucha de defensa con la única bandera del “chupalo Kast”, con la presencia del ex-oficialismo en miras a la formación de un “Bloque” que ahogará las demandas que atenten contra las verdaderas raíces de la problemática, a la mera oposición, además, con disposiciones de baja intensidad llamando a no avanzar en el desarrollo de la conflictividad, porque no tienen un proyecto para la situación política actual, dada la mutilación de posibilidades que les impone su acción política fundamentalmente parlamentarista.

Por el otro lado, espontáneamente las masas no se movilizarán más allá del “luchismo” (la lucha como una suerte de “deber moral” sin fundamento objetivo) y la idea de replicar un estallido social como el de 2019 ya no encenderá tantas ilusiones, e incluso será vista e instrumentalizada como mera jugada del viejo oficialismo parar “mantenerse en el poder”.