[El presente documento es una versión en .html del Material de Estudio para la primera jornada de la Escuela Estudiantil impulsada por la Nueva Chispa en 2025]
2. Chile en la División Internacional del Trabajo “Clásica” (1940-1973), la educación superior y la política científica “desarrollista”
2.1. La División Internacional del Trabajo en su forma clásica y el lugar de Chile en ella
El proceso mundial de acumulación capitalista no emerge históricamente como una totalidad unificada, sino como la confluencia de procesos nacionales que pugnan por desarrollar internamente la producción general de mercancías. Esta aparente integridad nacional oculta su carácter fragmentario dentro del capital global. Cada proceso nacional establece una relación directa entre su clase capitalista y obrera, relación que se enfrenta antagónicamente con las de otros países. La competencia en el mercado mundial no opera entre capitales individuales aislados, sino como representación de procesos nacionales de acumulación mediados por sus estados.
Los países donde la acumulación adopta su forma industrial más simple –Europa Occidental y posteriormente EE.UU.– establecen relaciones con territorios que poseen ventajas naturales irreproducibles para la producción de materias primas (América Latina, Asia y África). Esto conforma una División Internacional del Trabajo de posguerra, donde la incorporación de estos territorios se realiza en primera instancia mediante los procesos de colonización y posteriormente, mediante flujos de capital industrial y prestamista desde los centros, generando procesos nacionales de acumulación específicamente restringidos a la producción de mercancías portadoras de renta de la tierra.
La Gran Depresión (1929-1930) fracturó este orden, evidenciando la vulnerabilidad de los países primario-exportadores. En Chile, la crisis externa se entrelazó con la quiebra estatal de 1922 y una aguda conflictividad laboral post-1919. Este cuadro catalizó demandas preexistentes por superar el modelo exportador, impulsando políticas de fomento productivo desde mediados de los años veinte. Sin embargo, estas iniciativas carecieron de una concepción estratégica de desarrollo, reduciéndose a medidas fragmentarias de incentivo industrial sin reformular las reglas estructurales ni la base tecnológica.
La consolidación de esta División Internacional del Trabajo de posguerra o fordista, condicionó el despliegue de políticas científicas a escala global. En los países centrales, la investigación se articuló como factor productivo estratégico para la competencia interimperialista, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. El modelo Bush-OCDE consagró la doctrina de que la ciencia básica impulsa el crecimiento económico, justificando inversiones estatales masivas bajo autonomía académica. Esta tecnocratización ocultó los orígenes políticos de la política científica, visible en la URSS con su sistema planificado y en el activismo de científicos como Bernal, que vinculaban ciencia y transformación social.
En el período de crisis con el que se abre la década de los 30’, el capital extranjero abandona momentáneamente su presencia en los países latinoamericanos, y a su vez impulsa políticas proteccionistas y desarrollistas para asentarse allá dónde no le es posible de manera inmediata.
La superación del capitalismo primario exportador comenzó con la crisis del salitre y se aceleró tras la Gran Depresión. El Estado chileno impulsó entonces una industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) basada en tres pilares:
1) Apropiación estatal de renta minera: Mediante impuestos al cobre, el Estado capturó parte de la renta antes apropiada por capitales extranjeros, financiando infraestructura y subsidios industriales.
2) Proteccionismo y mercado interno: Se cerró la economía a la competencia internacional, permitiendo que capitales locales de baja productividad sobrevivieran mediante precios sobrevaluados y compras estatales.
3) Articulación populista: El Estado mediador (frentepopulismos, radicalismo, ibañismo) tejió alianzas con la clase obrera, usando la renta para financiar servicios sociales y contener el conflicto.
Este modelo, sin embargo, no superó la dependencia estructural de su producción minera. La industria local dependía de maquinaria obsoleta importada de centros industriales y su competitividad era artificial, sostenida por la renta minera. La «autonomía relativa» era ilusoria, los grandes capitales transnacionales operaban como fragmentos descentralizados, asociados a terratenientes para capturar esta renta.
2.2. El proyecto desarrollista: Estado, CORFO y la política científica nacional
La expresión concreta del proyecto desarrollista en Chile se materializó con la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en 1939, bajo el gobierno del Frente Popular. Esta institución encarnó la voluntad estatal de superar el modelo primario-exportador mediante un programa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). CORFO operó como brazo ejecutor del Estado desarrollista, canalizando la renta minera del cobre –capturada mediante impuestos crecientes– hacia la creación de industrias estratégicas. Su acción se centró en tres pilares: infraestructura energética (ENDESA, 1944), industria pesada (Compañía de Acero del Pacífico, CAP, 1946) y soberanía en recursos básicos (Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, 1950). Este modelo asumió que la industrialización forzada, protegida por barreras arancelarias y subsidios estatales, generaría un círculo virtuoso de crecimiento autosostenido.
La continuidad del proyecto trascendió las alternancias políticas. Durante el radicalismo se consolidó el modelo ISI bajo premisas keynesianas: el Estado como inversor de última instancia y regulador del mercado interno. El segundo gobierno de Ibáñez del Campo (1952-1958) profundizó esta lógica mediante empresas estatales como IANSA (1953) para aparentemente romper la dependencia alimentaria, e impulsó la chilenización parcial del cobre –sin cuestionar la propiedad extranjera– para aumentar la captura de renta. La Democracia Cristiana, con la «Revolución en Libertad» de Eduardo Frei (1964-1970), intentó una modernización reformista: promulgó la Ley de Reforma Agraria (1967) para desarticular el latifundio y negoció la «nacionalización pactada» del cobre (1967), que incrementó la participación estatal sin expropiar. El gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) radicalizó el nacional desarrollismo, expropiando sin indemnización el cobre mediante reforma constitucional unánime (1971), estatizó la banca (control del 85% del crédito) y expandió el Área de Propiedad Social a 596 empresas. Sin embargo, esta aceleración no alteró la dependencia estructural de la renta minera ni la base tecnológica importada.
El desarrollismo operó bajo una contradicción fundante: mientras impulsaba la industrialización, reproducía la inserción primarizada de su economía en la División Internacional del Trabajo. Las industrias creadas por CORFO dependían de maquinaria obsoleta importada de centros industriales, incapaces de competir globalmente. La productividad industrial promedio no superaba el 30% de los estándares internacionales, sosteniéndose artificialmente mediante compras estatales sobrevaloradas y protección arancelaria. Esta dinámica revelaba que el modelo no había generado fuerzas productivas endógenas, sino administrado la renta minera en un mercado interno restringido. Cuando el precio del cobre colapsó en 1972 (de US$66 a US$48 la tonelada), la crisis fiscal desnudó la fragilidad del esquema: sin flujo de renta, el Estado no pudo subsidiar a industrias ineficientes ni sostener el consumo popular.
La política científica chilena se configuró en diálogo crítico con los paradigmas internacionales dominantes. La creación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) en 1967 respondió a diagnósticos globales impulsados por la CEPAL, UNESCO y OEA, que alertaban sobre la brecha tecnológica como obstáculo estructural para el desarrollo latinoamericano. Estas agencias promovieron la planificación científica centralizada mediante consejos nacionales, siguiendo el modelo OCDE de «ciencia como factor productivo». No obstante, CONICYT nació en un contexto de crisis del desarrollismo, cuando se evidenciaba que la industrialización sustitutiva no había generado demanda efectiva de conocimiento local..
La tensión entre la aparente autonomía y la integración internacional se manifestó en la creación paralela de institutos sectoriales con asistencia internacional, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP, 1963) con apoyo de la FAO, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, 1964) financiado por el PNUD, y el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM, 1970) con cooperación belga. Estos organismos, aunque modernizaron equipos y formaron especialistas, reprodujeron la «ilusión desarrollista»: investigaban recursos naturales para exportación (pesca, minería, agricultura), no para transformar la matriz productiva. Sus ataduras financiamiento externo y la asesoría extranjera los hizo vulnerables a los vaivenes geopolíticos, evidenciando que la transferencia tecnológica sin apropiación crítica no genera capacidades endógenas.
El gran límite de la política científica chilena de este periodo fue la «traducción de prestigio académico en poder político»: la comunidad científica local, influenciada por modelos occidentales, priorizó agendas disciplinares sobre necesidades productivas, mientras el empresariado prefería importar tecnología antes que invertir en I+D local. Esta desconexión reflejaba la paradoja del «triángulo de Sábato»:
el vértice «sector productivo» permaneció ausente en el diálogo entre Estado y academia. Así, pese a avances institucionales, el proyecto de autonomía científica fracasó en romper con la división internacional del conocimiento que reservaba a Chile el rol de proveedor de materias primas y consumidor de tecnologías foráneas.
2.3. La Educación superior en el contexto desarrollista
Hasta la reforma universitaria de 1967, el sistema de educación superior chileno encarnó un modelo de cuño semi oligárquico con cuatro rasgos estructurales:
Primero, su función esencial fue la reproducción de las elites profesionales y políticas del país, consolidando un monopolio en la certificación de títulos que actuaba como mecanismo de cierre social;
Segundo, exhibió una selectividad social extrema: en la Universidad de Chile (1968), el 80% de los estudiantes provenía de familias donde los padres tenían educación superior completa, mientras menos del 5% era hijo de obreros o campesinos. Esta composición reflejaba el filtro clasista del sistema escolar previo, donde solo el 20% de los jóvenes accedía a educación media completa;
Tercero, operaba como una federación descentralizada de facultades autónomas, donde cada unidad (Medicina, Derecho, Ingeniería) gestionaba sus planes de estudio, presupuestos y contrataciones con mínima coordinación intrauniversitaria. En la Universidad de Chile (1966), esta fragmentación se expresaba en que el 51% del profesorado era de dedicación parcial («catedráticos honorarios»), dedicándose principalmente a sus prácticas profesionales privadas;
Cuarto, la investigación científica ocupaba un lugar marginal: pese a concentrar al 80% de los investigadores nacionales, solo el 32% de los académicos tenía jornada completa, destinando en promedio menos del 15% de su tiempo a labores de investigación según estudios de la UNESCO. La descoordinación era endémica: en 1963, solo en la Universidad de Chile existían 46 proyectos de investigación duplicados en objetivos y metodologías, mientras en Antofagasta –con 100,000 habitantes– coexistían cuatro centros universitarios sin articulación.
La reforma universitaria, iniciada en 1967 en las universidades Católica de Valparaíso y de Chile, transformó radicalmente este modelo mediante cuatro ejes interconectados.
Primero, democratizó el gobierno universitario sustituyendo el nombramiento vertical de autoridades por elecciones triestamentales (estudiantes, académicos, funcionarios), extendiendo la experiencia de la Reforma de Córdoba (1918) a Chile. Los rectores y decanos pasaron a elegirse por claustros con participación estudiantil (30-40%) y de trabajadores (10-15%), rompiendo el monopolio de las elites académicas tradicionales.
Segundo, reestructuró el modelo académico: abolíó la cátedra vitalicia –herencia del modelo napoleónico– e implantó departamentos disciplinares al estilo norteamericano, permitiendo flexibilidad curricular e investigación interdisciplinaria. Esto facilitó la creación de 127 nuevos institutos de investigación entre 1968-1972, especialmente en ciencias aplicadas vinculadas al proyecto desarrollista.
Tercero, masificó el acceso de manera explosiva: la matrícula se triplicó de 55,653 estudiantes (1967) a 146,451 (1973), incrementando la tasa bruta de escolarización superior del 7.1% al 18.5% en solo seis años. Este crecimiento respondió a políticas deliberadas de inclusión: cupos adicionales para hijos de obreros, becas de mantención y programas de nivelación académica. El perfil social se transformó: si en 1967 el 75% de los estudiantes provenía de los dos quintiles más ricos, hacia 1972 el 40% pertenecía a familias obreras o campesinas.
Cuarto, redefinió la extensión universitaria: proyectos de «vinculación con el medio» como las Brigadas Médicas Rurales de la Universidad de Chile o los Centros Tecnológicos Comunitarios de la Universidad Técnica del Estado llevaron conocimiento a fábricas, minas y comunidades agrícolas, articulándose con políticas de reforma agraria y salud pública.
Este proceso dialogó críticamente con la política científica nacional emergente. La creación de CONICYT (1967) –inspirada en modelos de la OCDE y asesorada por la UNESCO– ofreció un marco para coordinar la investigación universitaria con prioridades nacionales. La reforma aprovechó esta institucionalidad: el 70% de los proyectos financiados por CONICYT entre 1970-1973 involucró a departamentos recién creados en áreas estratégicas como metalurgia (Universidad de Concepción), agroindustria (Universidad Austral) y energía solar (Universidad del Norte).
Sin embargo, persistieron tensiones estructurales: mientras CONICYT priorizaba investigación aplicada para el desarrollo productivo, las universidades mantuvieron su tradición humanista-crítica. El caso del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica es emblemático: bajo liderazgo de Enzo Faletto, desarrolló teorías de la dependencia que cuestionaban los fundamentos del desarrollismo, recibiendo simultáneamente fondos CONICYT para estudios sobre marginalidad urbana.
La masificación también generó contradicciones: el aumento del 120% en matrícula de pregrado (1967-1973) no se acompañó de proporcional expansión de posgrados o laboratorios, diluyendo recursos para investigación. Pese a ello, la reforma sentó bases para una ciencia socialmente comprometida que, tras 1973, sería desmantelada por la dictadura.
