[El presente documento es una versión en .html del Material de Estudio para la tercera jornada de la Escuela Estudiantil impulsada por la Nueva Chispa en 2025]
1. El período político
Desde la crisis asiática del 2007 el crecimiento del cobre se estanca en su crecimiento, durante los 2010 tiene juegos en su valuación pero que no se comparan a los crecimientos de 300-500% vistos en los 90 y 2000.
Este fin de la “etapa fácil” de un capitalismo basado en la explotación minera y silvoagropecuaria, produce una contracción de la renta minera en Chile, que abre paso en sus formas políticas a una “crisis del modelo”, a los movimientos sociales y le marca sus días al duopolio concertacionista-derechista y a la “democracia de los consensos”.
Esto le marca a la burguesía la necesidad de “modernizar el ”régimen político” y “modernizar el Estado” en sus ansias de volver a la etapa fácil y salir de su agotamiento de esta forma de acumulación de capital. Esto le marca a la clase trabajadora la necesidad imperativa de luchar por sus reivindicaciones.
La Revuelta Popular realiza la máxima de los movimientismos, unificando los fragmentos aislados en un programa fragmentado unificado, que no convence como salida para la clase trabajadora en tanto es producto del movimientismo que va contra las formas jurídicas y no de un programa que atente contra las raíces económicas de esta forma nacional de acumulación de capital.
El dilema central de la burguesía chilena (la modernización del patrón de acumulación y la reforma del régimen político) continuará siendo el eje de la política nacional, ya que la crisis interburguesa no se suturará en el corto plazo.
El período inaugurado por la Revuelta de 2019 aún no ha encontrado un «cierre por arriba» (un pacto de dominación revestido de legitimidad), sólo ha encontrado el repliegue y el ahogo de sus intenciones por parte del oficialismo en ansias de dar “credenciales” de gobernabilidad y de hacer avanzar las reformas desde arriba y no anclados en la movilización popular.
El escenario de 2026 se debatirá entre ser el final del periodo político de crisis (para transformarse en un periodo de estabilidad) o el inicio de la consolidación de un largo periodo de crisis permanente en que el agotamiento del régimen político no dé pie a su reemplazo, asemejándose a la política nacional de Perú.
La burguesía está dividida en corrientes «restauracionistas» (que buscan el regreso a la «democracia de los consensos» (Matthei y Parisi) y «reaccionarias» (alineadas con la ultraderecha global, que apuestan por una ofensiva antipopular y la construcción de un nuevo orden, al estilo neo-conservador ortodoxo de los años 80 (Kaiser y Kast).
Independientemente de quién gane en 2025, las movilizaciones de masas que puedan brotar en el mediano y largo plazo (periodo 2026 en adelante) enfrentarán un Estado con atribuciones represivas significativamente mayores. Las leyes aprobadas bajo el gobierno actual (como la Ley de Infraestructura Crítica, Ley Naín-Retamal y la Ley Anti-tomas) han reforzado el aparato represivo de cara a eventuales movilizaciones populares, lo que implica mayores dificultades para articular la protesta y mayores costos humanos en su desarrollo.
Para la izquierda fuera del oficialismo, el principal fenómeno problemático en este período de transición hacia 2026 es el repliegue de la acción política de la clase trabajadora y la derrota del proyecto político de los movimientos sociales (como el estudiantil), lo cual se considera un repliegue de contenido histórico y no solo coyuntural, es una derrota estratégica para la izquierda que ya conocíamos, lo que sucedió fue una derrota de proyecto. Cualquier salida para la clase trabajadora no brotará de un nuevo pimponeo, de un nuevo estallido social con las mismas características, o de un nuevo movimientismo. Esta sólo podrá brotar de una nueva forma de acción política marcada por la centralidad política de la acción de la clase trabajadora cristalizada en un programa, o la derrota, la extensión del repliegue y la mera política de defensa.
2. ¿Cómo rearticular el ME? ¿Por dónde empezar?
Teniendo en consideración que es muy probable que gane la derecha y sus medidas sean realizadas independientemente del candidato de turno. ¿Por dónde empezar?
Superación de la crisis de direccionalidad y de la desarticulación
Antes que todo, es necesario avanzar en una de las cuestiones que le dan origen a nuestra escuela, la reconstrucción programática y organizativa del ME. El proyecto movimientista que tiene como antagonista a la “educación de mercado” y que entiende a la actual forma de ed. superior como un mero resultado de políticas legislativas instauradas en la dictadura, se agotó; es necesario redireccionar las fuerzas a la raíz real del asunto, frente a lo cuál como escuela, creemos haber aportado en la 1era y 2da jornada.
Para avanzar en esta reconstrucción programática, se requiere avanzar en el camino que hemos creido haber abierto paso, en el desarrollo del conocimiento de causa y en la apertura de más espacios de deliberación colectiva respecto del programa para alcanzar la educación superior que queremos.
Para avanzar en la reconstrucción orgánica se requiere restaurar la asamblea independiente como espacio central de la deliberación política estudiantil, avanzando en apartar la protocolización institucional de ella y evitar las “negociaciones de mutuo acuerdo”.
Política de defensa de la comunidad universitaria
El programa de Kast y el proyecto de la burguesía tenderá a ajustar las condiciones de lucha de los funcionarios públicos y docentes, esto abre la posibilidad de pensar una política unitaria de clase al interior de las casas de estudio y la necesidad de extender las redes de solidaridad con trabajadores de grupos estratégicos de la economía (trabajadores portuarios como hizo el ME de 2011, por ej.).
Es de esperar que la ilegalización de los paros de funcionarios públicos y el cambio legislativo en las condiciones de negociación de los trabajadores privados golpeen con fuerza a los docentes y funcionarios, lo que hará que nazca la necesidad social de centralizar la acción, pero que trae el peligro de volverlo en una política “por casa de estudios” en las que las Autoridades Superiores busquen meterse. Para esto es necesario pensar en una plataforma triestamental de lucha por universidad que se plante contra la externalización de servicios, que mejore las condiciones de lucha y negociación de estudiantes y trabajadores y que aparte a las Autoridades Superiores plantandose contra la estratificación institucional.
Elevar la política de defensa antikast espontánea a una programática
Es un hecho que el escenario del ME del 2026 será de defensa, pero la cuestión residirá en el contenido de esa defensa, pues tendrá que ser no sólo crítico sino también propositivo. Los reformistas buscarán a toda costa la unidad acrítica contra Kast, e inicialmente portará potencia, pero una vez bajen las aguas se notará debil y mostrará sus limitaciones. Ante esto es necesario plantearse en una política que no se estanque en la unidad contra un enemigo común, sino que vuelva a poner sobre la mesa del debate público las cuestiones de fondo de la educación superior.
Ante esto, existen nodos críticos que se agudizarán en el período posterior. Por ejemplo:
- – Las universidades periféricas acelerarán su desmoronamiento, lo que permite elevar la cuestión desde el aumento del financiamiento, a la necesidad de avanzar en un financiamiento basal y a la cuestión de las modalidades actuales de esta.
- – La externalización de los servicios de funcionarios y el subcontrato en un panorama de dificultad legal para movilizarse porta la potencialidad de ser elevado a una reivindicación programática de integrar esos servicios en la institución.
- – La distribución desigual del financiamiento entre facultades se agudizará y porta la potencialidad de poner sobre la mesa la cuestión de poner fin al autofinanciamiento y la concursabilidad científica.
- – La eventual restricción de la gratuidad porta la potencialidad de conflictuar a los sectores estudiantiles en riesgo de perderla por la reivindicación del poner fin a la subvención a la demanda y pasar a subvencionar la oferta universitaria y defender la gratuidad bajo esas condiciones.
Por otro lado, será necesario elevar los repertorios de lucha con el desafío de poder centralizarlos en la plataforma triestamental de lucha ante un agotamiento de los órganos intermedios de organización estudiantil. Como la mayoría de reivindicaciones ya no pasarán conflictuando con la casa de estudios sino que serán contra una política de estado, la forma de acción política tendrá el desafío de generar la mayor cantidad de pérdidas económicas posibles de manera legítima e inteligente, puesto que en última instancia eso es lo que marcará la capacidad de ponerle límites al ajuste.
Al ser una política de estado nuestro enemigo en esta coyuntura, la cuestión no podrá agotarse en la universidad, será clave extender las redes solidarias a otros segmentos de la clase trabajadora, especialmente a los estratégicos, puesto que su paralización pone en jaque a la productividad del país entero, un paro de los trabajadores portuarios porta la potencialidad de frenar la economía capitalista del país entero y de inclinar la balanza a la defensa de la educación superior en un abrir y cerrar de ojos.
