[El presente documento es una versión en .html del Material de Estudio para la primera jornada de la Escuela Estudiantil impulsada por la Nueva Chispa en 2025]
1. Capital y Educación: Fundamentos en el Sistema Capitalista
Surgido históricamente del despojo violento de la tierra a sus productores directos y de la concentración de los medios de producción y de vida, el capitalismo constituye una relación social totalizante que somete toda actividad humana a la producción de valor.
Para reproducirse, el capital toma la dinámica de un movimiento ampliado o circular e incesante, estructurado en la inversión (con capital inicial D) y la reinversión del dinero (el excedente obtenido D’) en la producción de mercancías (M):
D-M-D’
Sin embargo para que este movimiento circular de invertir y reinvertir pueda generar un excedente mayor (D’) al inicial, en primer lugar la producción mercantil (M) debe ser capaz de generarla, es decir, debe establecer unas determinadas relaciones sociales de producción.
La mayoría de objetos producidos en los estadios precapitalistas no portaban esta potencia, hasta que el artesanado y el conjunto de pequeño burgueses de la Revolución Industrial encuentran que el trabajo es aquella mercancía que puede generar más valor de lo que ella misma cuesta. ¿Cómo es posible esto?
El capital avanza estableciendo sus bases conformando nuevas relaciones de producción, donde la producción se sostiene en trabajadores doblemente libres: libres de dependencia personal, y “libres” de la organización de la producción, y privados unos de otros. De este modo, los productores no pueden enfrentarse al carácter social de su trabajo hasta que se enfrentan en el mercado, y el capital pasa a asignar la producción a través de estas últimas, determinando a sus personificadores quienes llevan las mercancías al intercambio (enajenación).
Es en este contexto en el que la fuerza de trabajo realizado en estas relaciones de producción, es capaz de producir más valor del que ella misma cuesta. En la que una parte de la jornada pasa a ser el valor de su salario, y la otra, el plustrabajo es apropiada por el capitalista para reinvertirlo y reiniciar el ciclo del capital y para su consumo individual. A este excedente de valor, lo denominaremos plusvalía.
En su búsqueda incesante de un excedente social mayor, los primeros capitalistas buscan incesantemente ampliar la extracción de la plusvalía, en primera instancia durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX lo logran alargando la jornada laboral o intensificando ésta, pero terminada la primera década de este siglo, la organización sindical pasa a generalizarse y tomar una capacidad de negociación tan grande como para hacer el contrapeso a esta tendencia a la sobreexplotación, y con esta misma lucha, paradójicamente, realizan una necesidad del capitalismo, de que sus productores no mueran en el proceso de trabajo (ya que eso comprometería su explotación en el largo plazo).
Es aquí donde el capital se enfrenta en primera instancia a un límite en su desarrollo, las brechas fisiológicas y la respuesta sindical. Este impulso les lleva a realizar su desarrollo desde entonces, a partir del desarrollo científico y tecnológico. Este desarrollo incrementa la productividad, y por lo tanto, que la porción de la jornada destinada a la producción del salario se reduzca, y la destinada a la producción de plusvalía, aumente de manera relativa.
Por otro lado, los capitalistas compiten entre sí en esta carrera tecnológica, viéndose obligados a revolucionar constantemente las fuerzas productivas (medios de producción y métodos de trabajo), apareciendo como expresión más potente de este impulso, el sistema de maquinaria de la gran industria.
La División Social del Trabajo sustentada en la maquinaria representa la cristalización objetiva del conocimiento científico en el proceso productivo, incorporando principios físicos, químicos y matemáticos para rebasar radicalmente los límites de la pericia física y el conocimiento tácito del obrero artesanal. Sustituye la aplicación directa de la fuerza y habilidad humanas por la aplicación sistemática de fuerzas naturales guiadas por leyes científicas objetivadas, transfiriendo el centro organizativo del proceso productivo desde la subjetividad del trabajador hacia la objetividad de la máquina y la ciencia que la sustenta.
Esta objetivación científica genera una exigencia ineludible, la formación de una fuerza de trabajo capaz de interactuar con estos nuevos instrumentos. La lectoescritura, el razonamiento lógico-matemático básico, la capacidad del trabajo colaborativo, la disciplina temporal y la capacidad de seguir instrucciones estandarizadas se convierten en atributos universales mínimos requeridos. Por consiguiente, el capitalismo promueve la educación básica universal como inversión necesaria para garantizar una masa de trabajadores en donde un segmento sea capaz de trabajar su maquinaria, y un segundo segmento desarrolle la aplicación científica de la naturaleza a la producción (ciencias duras) y otra, los métodos de trabajo (ciencias sociales).
Así, el desarrollo del capital genera una profunda diferenciación al interior de la clase trabajadora. Por un lado, el capital necesita formar progresivamente un segmento especializado en ciencia básica, desarrollo tecnológico, ingeniería y gestión compleja, dotado de educación superior y capacidades analíticas avanzadas. Por otro lado, la misma maquinaria degrada las capacidades de otro segmento creciente de trabajadores, automatizando conocimiento práctico, simplificando tareas a meros movimientos musculares y permitiendo su abaratamiento mediante reducción de formación y precarización. A su vez expulsa a un tercer segmento de la producción, tomándolo como su «ejército industrial de reserva«. Esta contradicción inherente –la promoción necesaria de conocimiento y educación junto a su segmentación, degradación y generación de excedentes estructurales– revela la paradoja del sistema capitalista, que desarrolla fuerzas productivas sociales mientras socava las condiciones de vida de quienes las sostienen.
Ahora bien, esta dinámica fundamental de búsqueda de plusvalía relativa a través de la ciencia y la tecnología no se despliega en una esfera económica unitaria y aislada. El capitalismo constituye un sistema global cuya dinámica esencial es la acumulación ilimitada de valor, estructurado como un metabolismo mundial único donde la producción de plusvalía relativa basada en la gran industria impone su lógica expansiva. Pero esta unidad esencial del capital social global existe históricamente fragmentada que conforman a las naciones modernas y que se delimitan por sus especificidades económicas, culturales y en términos ricardianos: ventajas comparativas en el mercado mundial.
El Estado se presenta así como el representante político del capital “en general” que se encuentra dentro de sus fronteras, o más precisamente, de la “sociedad capitalista” en su forma nacional, ya que su función trascendente es garantizar la continuidad del sistema por encima de los intereses particulares e inmediatos de cada clase, evitando la aniquilación mutua. En la lucha de clases concreta, el Estado sanciona las condiciones de venta de la fuerza de trabajo (salario, jornada), imponiendo jurídicamente concesiones que la clase trabajadora arranca a la clase capitalista. Pero su función esencial, derivada de su papel como representante del proceso de acumulación nacional, es garantizar las condiciones para la reproducción del capital social particular. Esto implica mediar la contradicción siempre presente entre la valorización inmediata de los capitales individuales (que tienden a externalizar costos y resistir impuestos) y la reproducción de las condiciones generales que permiten esa valorización a largo plazo, incluyendo la reproducción misma de la fuerza de trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente la base científico-tecnológica.
Es en esta mediación donde la política científica nacional emerge como un campo estratégico e indispensable. La fragmentación del capital mundial en naciones y la feroz competencia interestatal determinan que cada Estado deba movilizar recursos colectivos –obtenidos fundamentalmente en la esfera de la circulación a través de sistemas impositivos– para financiar actividades que exceden la rentabilidad inmediata o la capacidad de inversión de capitales individuales, pero que son vitales para la competitividad a largo plazo de su segmento nacional.
La infraestructura física, la educación superior y, de manera crucial, la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D) entran en juego en este proceso. El capital individual, atenazado por la competencia y la necesidad de valorización a corto plazo, tiende a subinvertir en ciencia básica y en desarrollos de alto riesgo o largo plazo, cuyos beneficios son inciertos y difícilmente apropiables en exclusiva por una empresa. El Estado nacional asume entonces la tarea de organizar y financiar esta esfera, subordinándola siempre al imperativo de potenciar la competitividad del capital nacional en la arena global. Su racionalidad última responde a dos necesidades económicas clave: reducir la sangría de riqueza nacional por la importación de tecnología y, de manera más ambiciosa, capturar la plusvalía extraordinaria que toman los capitales que desarrollan primero la técnica de una rama productiva.
La conformación histórica de la política científica como campo estatal es inseparable de la evolución del capitalismo y su competencia interestatal. Los orígenes pueden rastrearse en las academias científicas del siglo XVII y XVIII, a menudo bajo patrocinio real o estatal con fines militares, económicos o de prestigio. Pero es tras las guerras mundiales, en el contexto de la Guerra Fría y la aceleración de la competencia intercapitalista, cuando la política científica se consolida como un área explícita, sistemática y masivamente financiada por los estados.
El famoso modelo Bush en Estados Unidos, representó un hito fundamental. Bajo el paradigma de que «la ciencia básica impulsa la tecnología», este modelo abogaba por un apoyo estatal masivo e incondicional a la investigación fundamental, confiando en que los descubrimientos fluirían naturalmente hacia aplicaciones beneficiosas para la economía y la defensa nacional. Fue adoptado y promovido por organismos como la OCDE, configurando durante las décadas doradas del capitalismo de posguerra sistemas nacionales de innovación fuertemente estatizados, con grandes laboratorios públicos y universidades de investigación financiadas con fondos públicos. Este modelo, sin embargo, tendía a fetichizar la neutralidad de la ciencia y a desvincularla de sus determinaciones políticas y económicas originarias, presentándola como un motor autónomo del progreso.
La crisis del modelo fordista y keynesiano a partir de los años 70, impulsada por la revolución microelectrónica, la globalización financiera y las transformaciones en la División Internacional del Trabajo que desde los ochenta será más fragmentada, interdependiente y transnacional, puso en evidencia los límites de este enfoque. Estudios como el Proyecto Hindsight en EE.UU. cuestionaron la linealidad del modelo «ciencia básica -> tecnología -> innovación», apelando a un papel crucial de la demanda del mercado y la investigación aplicada en el desarrollo tecnológico exitoso.
Las consecuencias de la Nueva División Internacional del Trabajo (robotización de la maquinaria, de la automatización, fragmentación internacional de la clase trabajadora, desindustrialización de los países europeos, deslocalización de la industria a Asia y reprimarización de América Latina) abrieron paso a la crisis fiscal del Estado de Bienestar, y al ascenso de las políticas comúnmente entendidas como neoliberales, que se pusieron de manifiesto en una política científica orientada por la rentabilidad inmediata y el “tirón del mercado”. Aquí se fomentaron alianzas público-privadas, se promovió la privatización de resultados de investigación pública y se enfatizó la transferencia tecnológica a la industria. Este giro reflejaba la necesidad de adaptar la política científica a las nuevas condiciones de acumulación globalizada y financiarizada, donde la velocidad de la innovación y su comercialización se volvieron factores críticos de competitividad nacional.
Estos dos momentos los veremos expresados en dos modalidades distintas de política científica nacional en Chile, una desarrollista (1930-1973) y otra fomentista (1973-actualidad).
