[El presente documento es una versión en .html del Material de Estudio para la primera jornada de la Escuela Estudiantil impulsada por la Nueva Chispa en 2025]
Introducción. Por una política estudiantil con conocimiento de causa
El movimiento estudiantil chileno atraviesa un período de repliegue político que se percibe a diario. La política universitaria tiene cada vez menos adherentes, las asambleas son cada vez más escasas, la participación disminuye y las expresiones de organización terminan reducidas a petitorios de carácter gremial o, en el extremo opuesto, a demandas maximalistas e irrealizables que las instituciones administran con facilidad. Todo esto produce una sensación generalizada de derrota.
En este contexto resulta imprescindible volver a lo esencial, es decir, al análisis de la educación superior chilena. El repliegue actual no es únicamente fruto de las derrotas acumuladas, ni de errores tácticos, ni de la cooptación institucional, ni de la voluntad de uno u otro dirigente. Tampoco basta con atribuirlo a que “no se intentó lo suficiente”, a que no se fue “demasiado combativo” o por el contrario, “se fue iluso y no diplomáticamente moderado”. Lo que se agotó fue una forma institucional de política estudiantil que tuvo plena legitimidad en su tiempo y que se expresó con fuerza en los programas de 2011 y 2015, centrados en la crítica a la privatización y a la educación de mercado. Aquellas banderas respondían a la realidad concreta de entonces y fueron correctas en ese marco, pero hoy, frente a un régimen de autofinanciamiento sostenido en la gratuidad, han perdido parte de su capacidad de orientar la acción política.
Lo que se erosiona no es solo la capacidad de movilizar grandes números de estudiantes, también la dimensión cualitativa y estratégica necesaria para imaginar y luchar por una universidad radicalmente distinta.
De ahí la urgencia de volver a lo esencial y preguntarnos por el lugar de la universidad dentro del desarrollo capitalista chileno. Solo a partir de ese análisis podrán surgir nuevas potencias capaces de cristalizarse en programas. El conocimiento de causa es lo único que convierte consignas que enfrentan meramente las consecuencias de los problemas en ataques directos contra sus causas.
En esta jornada en particular, propondremos un avance sobre estos términos a partir de dos aristas fundamentales, ambas ligadas a la modalidad particular de acumulación capitalista en el país y a las contrarreformas educativas de la dictadura.
1. La primera corresponde a las formas de autofinanciamiento derivadas de la captación de estudiantes. Allí se encuentran el AFD (Aporte Fiscal Directo) y el AFI (Aporte Fiscal Indirecto), este último reparte fondos en función de las instituciones que matriculen a los primeros 27.500 estudiantes con mejor desempeño en la PAES. A ello se suman los aranceles que cobra cada universidad, y, en la actualidad, en su mayoría responde al subsidio estatal a la demanda que conocemos mediante becas. El Estado paga directamente a cada estudiante por su permanencia en la institución en lugar de entregar aportes basales según necesidades estratégicas.
2. La segunda arista, menos discutida, proviene del modelo fomentista del desarrollo científico. Como no existe una planificación centralizada de los objetivos nacionales en producción de conocimiento, se fomenta la competencia entre investigadores, universidades y centros. Los recursos se entregan a través de proyectos evaluados bajo criterios de “excelencia” e “impacto” que encubren parámetros de rentabilidad, y son administrados principalmente por la ANID mediante fondos como FONDECYT, FONDEF, CORFO y diversos convenios internacionales.
El problema es que no existe financiamiento basal garantizado. Los proyectos son temporales, fragmentados y sujetos a métricas como publicaciones indexadas, lo que impide continuidad y evita que los recursos se asignen de manera estratégica. Se produce un oligopolio en las universidades de la CRUCH, que capturan cerca del 40% de los fondos ANID, y también se consolidan castas académicas, que concentran poder institucional, subrepresentan a los académicos, refuerza jerarquías y crea redes clientelares de favorcillos. Además, distribuye de manera desigual los recursos entre disciplinas, privilegiando las ciencias duras en desmedro de las humanidades, las ciencias sociales y las artes.
Todo este entramado se inserta en relaciones sociales de producción conocidas que suele ser lo más discutido. Existe segmentación institucional, predominio del mercado educativo desregulado, fragmentación política de las estructuras universitarias y externalización de las funciones de las universidades estatales hacia empresas privadas.
Conocer estas determinaciones permite entender qué hay detrás de los problemas que afectan a la comunidad universitaria.
Las consecuencias están a la vista. El sistema produce profesionales en exceso y sin planificación, con ofertas de carreras que no guardan relación con el mercado laboral ni con el desarrollo de las fuerzas productivas. Muchos egresados terminan boleteando durante años, desempleados o relegados a no ejercer nunca su profesión. Hoy un tercio de los cesantes son profesionales, y el número de jóvenes que, tras titularse, permanecen sin trabajo ha crecido un 25%. El derrumbe de la promesa de movilidad social a través del estudio no es casual, sino resultado directo de estas determinaciones.
Solo el conocimiento de causa permitirá abrir una salida por la izquierda. La derecha ya identificó este problema. El mileísmo en Argentina capitalizó el malestar con propaganda antiintelectualista que propone como solución que estudien menos personas. La verdadera salida, sin embargo, consiste en orientar el desarrollo científico hacia una economía socialista. Si no entendemos esto, regalamos el terreno político. Kast y la derecha aprovecharán la incertidumbre con xenofobia, conservadurismo y privatización de la universidad en el siguiente periodo político.
Tampoco fue casual la toma del semestre pasado en torno al caso Carlos Ruiz. Las denuncias contra el “autoritarismo” de este año y del pasado, respondían en el fondo a la estratificación académica en redes clientelares que concentran privilegios, manipulan protocolos, subrepresentan al resto del estamento y deciden en nombre de toda la comunidad universitaria. Que el acampe del año pasado no lograra que la Universidad de Chile rompiera sus vínculos con la Universidad de Tel Aviv —institución hoy central en el desarrollo tecnológico de armamento del genocidio— no se debió a un “diálogo para acabar con el genocidio”, como sostuvo Rosa Devés con una “creativa interpretación de los hechos”, sino a la defensa de una relación económica relativamente dependiente de determinados convenios internacionales.
Al mismo tiempo los ajustes se vuelven cada vez más evidentes. La UAH despidió a 80 trabajadores el julio del año pasado, y en facultades como Filosofía y FACSO surgen conflictos similares que revelan las consecuencias de la externalización de funciones esenciales en empresas de aseo, tecnología y otros rubros. Lo que vivimos está enraizada en una crisis financiera.
La pregunta que queda abierta es cómo organizarse frente a un escenario tan adverso. Qué podemos ofrecer si solo contamos con la voluntad y nada más elaborado. Las respuestas sólo pueden salir de espacios como estos.
Hoy la política estudiantil necesita actuar con conocimiento de causa por las mismas razones que Marx planteaba en 1844 en su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel: Es cierto que el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que el poder material tiene que derrocarse por medio del poder material, pero también la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas. (…) Ser radical es atacar el problema por la raíz.
